Ya varias veces hablamos en este blog sobre la injerencia que la Iglesia está ejerciendo cada vez más fuerte en la política local. El Papa Francisco estuvo presente en los últimos años digitando las decisiones del Gobierno.
Por eso apoyó el nuevo Código Penal, pidió cambios en el nuevo Código Civil (a los cuales el oficialismo accedió), colocó gente suya en el Sedronar y logró que se le envíen aún más fondos a la Iglesia. Nada mal para un gobierno "progresista" que hasta no hace mucho consideraba a Bergoglio un conservador proto-fascista. Ahora que es Francisco es parte del proyecto nacional y popular.
Desde hace unos meses existe una polémica por el nuevo juez de la Corte. El elegido por el Gobierno es Roberto Carlés. Este personaje además de tener un CV dudoso, antecedentes nulos, una clara militancia kirchnerista y un pasado tuitero que deja mucho que desear es un íntimo amigo del Papa.
A pesar de haber defendido el matrimonio igualitario y de pedir la despenalización del aborto, Carlés es muy cercano a Bergoglio. En medio de la polémica por su nombramiento, Carlés fue recibido en el Vaticano. Desde algunos medios periodísticos se habla de un "Pacto de Santa Marta" entre Francisco y Cristina, en el cual el Sumo Pontífice le pidió a la Presidenta el pliego de este candidato a la corte.
Teniendo en cuenta todos los antecedentes, no se podría hablar a ciencia cierta que ese pacto exista. Pero que el Papa Francisco se mete en la política de nuestro país, y que una religión daña el laicismo del Estado es verdad. Y nadie puede negarlo.
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